José Granados Fernández

El Ministerio de Minas y Electricaribe, como filial de la multinacional española Gas Natural Fenosa, están enfrentados, tanto que esta última interpuso hace dos semanas, ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, una demanda para reclamarle a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de la cuestionada empresa eléctrica que opera en la Costa desde 1998.

Sin embargo, el MinMinas y Electricaribe tienen algo en común: el manejo ineficiente del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone, y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, FAER.

En efecto, la Contraloría General de la República, CGR, valoró como “ineficaz” la gestión que tanto el Ministerio como Electricaribe han cumplido en estos dos programas, para los cuales el Gobierno Nacional destinó, entre 2008 y 2014, la no despreciable suma de 445 mil millones de pesos, en su intento por mejorar la infraestructura y el servicio eléctrico a 248 mil usuarios que viven en zonas tuguriales de la Región Caribe.

Atlántico en Noticias y Zona Cero conocieron en exclusiva el resultado de la Auditoría de Desempeño que a finales de febrero le envió la entidad de control fiscal al Ministro de Minas, Germán Arce Zapata, y al Agente Especial para la Intervención de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo.

En cuanto al Prone, cuyo objetivo era normalizar a 160 mil usuarios, a través de 583 proyectos por 346 mil millones de pesos, los auditores encontraron que fueron contratadas empresas pese a su  incumplimiento en otras obras de este mismo programa; también hallaron debilidades en la supervisión de la millonaria inversión y falta de una adecuada socialización de las obras de normalización, tanto que las comunidades beneficiadas desconocen que esta inversión la paga el Gobierno Nacional con el dinero de todos los colombianos.

Sin normas técnicas

Más grave aún es que el equipo auditor halló que en la Costa hay 106 proyectos Prone que pese a estar funcionando hace 2 años “no cuentan” con la certificación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RITIE.

Por eso, la Contraloría General concluyó que “existen proyectos en operación sin medidas (técnicas) que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente”, todo lo cual –enfatiza la auditoría– “conlleva a que se presenten situaciones de riesgo para la comunidad” al no contarse con la debida certificación generada por el incumplimiento de dichas normas.

Mala interventoría

Para la CGR, a la falta de supervisión del Ministerio de Minas, que según el organismo auditor solo se interesó en hacer las convocatorias y en girar los millonarios recursos públicos, se suma que la interventoría del Prone –en el estudio no identifican la firma contratada– también ha sido ineficaz, lo que se constituye en una especie de fórmula de perfecta ineficiencia contra la normalización del servicio de energía en amplios sectores subnormales costeños.

Al respecto, la Contraloría cuestiona que Electricaribe no tenía retroalimentación con los informes de interventoría, tanto que nunca observó que carecían de detalles y explicaciones sobre los avances de las obras. Es decir, la interventoría no cumplió el contrato y Electricaribe lo pasó por alto.

Otro hallazgo que demuestra la ineficiencia atribuida por al Ministerio de Minas en cuanto al Prone tiene que ver con las demoras para las convocatorias, aprobar los proyectos y girar los recursos, pese a la urgente necesidad de estas obras; en el caso de Electricaribe las demoras se presentaron en la suscripción de los contratos con terceros.

Por ejemplo, 50 de dichos contratos fueron firmados más de un año después –demoras de entre 381 a 414 días–, lo que, afirma la auditoría, afectó los términos de la contratación y hasta el diseño de los proyectos.

Concluye la Contraloría General que el Prone “no logró la meta” y 55 mil de los 160 mil usuarios tomados como objetivo están sin normalizar o legalizar. Hoy, por el contrario, este problema ha crecido.

Sin socialización

Para esta auditoría, dirigida a diseñar un Plan de Mejoramiento sin que tenga carácter sancionatorio fiscal, la CGR trabajó en dos direcciones: con las entidades directamente implicadas en estos programas, MinMinas y Electricaribe, y en terreno con las comunidades.

En estas la Contraloría escogió 10 programas del Prone, 5 exitosos (Boulevard, en Baranoa, Atlántico; Alto Prado, en Becerríl, Cesar; El Bosque, en Sincé, Sucre; Galerazamba, en Santa Catalina, Bolívar, y Villa Nazareth, en Tolú, Sucre) y 5 no exitosos (Nueva Esperanza, en Magangué, Bolívar; Los Cerezos, en Riohacha, La Guajira; Santa Inés, en Ciénaga, Magdalena; Villa Nurys, en Codazzi, Cesar; y Villa Katanga, en Soledad, Atlántico).

Allí aplicaron 241 encuesta cara a cara para explorar el nivel de conocimiento de las comunidades, la percepción en cuanto a ventajas y desventajas y realizaron un sondeo sobre los hábitos de pago. Las respuestas obtenidas confirmaron que no existe cultura de pago en los sectores con falta de normalización eléctrica; que la gente dice no querer la normalización sin tener mayor conocimiento de los objetivos del Prone y que parte de esas dificultades se derivan de que Electricaribe tampoco cumplió con dar a conocer permanentemente los objetivos de dicho programa como lo acordó con el Ministerio.

Sobre las obras del FAER, destinadas a beneficiar a 87.466 costeños a través de 53 proyectos con una inversión de 99 mil millones de pesos, la Contraloría concluyó que los problemas presentados se relacionan con la falta de gestión de alcaldes costeños en cuanto a los predios y las servidumbres que debían asegurar para los trabajos de normalización de las redes eléctricas.

Es decir, la auditoría se convirtió en toda una 'rajada' eléctrica.